Rechazada la solicitud para anular el pago millonario por la expropiación de YPF, según decisión de la jueza Preska

La jueza federal estadounidense, Loretta Preska, rechazó una solicitud presentada por la fundación Republican Action for Argentina para anular el pago de 16.100 millones de dólares que el Estado argentino debe realizar por la expropiación de YPF. El rechazo se basó en que la solicitud fue presentada fuera del plazo estipulado de un año desde el inicio del caso.

La demanda que obliga a Argentina a pagar esa cantidad de dinero surgió tras la expropiación de YPF en 2012. En ese entonces, las firmas Burford Capital y Eton Park adquirieron los derechos de litigio de dos sociedades españolas en quiebra: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, ambas vinculadas al grupo argentino Petersen de la familia Eskenazi, que poseía un 25% de las acciones de YPF.
En el fallo emitido el 4 de marzo, Preska explicó que la fundación no cumplió con el plazo de un año para presentar su demanda, por lo que su solicitud fue rechazada. La jueza citó precedentes legales, como el caso D'Amato vs. Deutsche Bank y Restor-A-Dent Dental Lab'ys, Inc. v. Certified Alloy Prods., Inc., que establecen que los solicitantes deben tener un interés directo en el caso.

La fundación había solicitado que se anulara el fallo original, en el que se condenaba a Argentina a pagar a las firmas demandantes, y que se investigara a los responsables de la nacionalización de YPF. Sin embargo, la jueza concluyó que la acción llegó demasiado tarde.
Darío Epstein, director de Research for Traders, comentó que los que habían prometido salvar a Argentina de este pago “tienen que ser más humildes” y no utilizar el tema con fines políticos. “El asunto es serio y no debe ser usado para operar políticamente”, afirmó Epstein.

El litigio comenzó en 2015 cuando Burford y Eton Park compraron los derechos de litigio de las sociedades en quiebra Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que habían sido parte del grupo Petersen. Estas sociedades alegan que Argentina no cumplió con su obligación de hacer una oferta pública de adquisición (OPA) por las acciones minoritarias de YPF que no pertenecían a Repsol, la compañía que en su momento tenía el 51% de las acciones de la petrolera.
El fallo de Preska en 2023 condenó al Estado argentino por la expropiación de YPF sin haber lanzado una oferta pública para los accionistas minoritarios, lo que dio pie a la demanda de las firmas que adquirieron los derechos de litigio.