El respaldo del presidente Javier Milei a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la brutal represión de la policía durante la marcha de jubilados del miércoles pasado, ha generado un fuerte rechazo y una profunda preocupación sobre la dirección de su gobierno. En lugar de reconocer la violencia innecesaria empleada contra los manifestantes, Milei optó por justificar el accionar represivo, defendiendo sin cuestionamientos a quienes ejecutaron el uso de la fuerza de manera desmedida.
Durante su intervención en la ExpoAgro 2025, Milei expresó de manera categórica: “Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros son malos”. Con estas palabras, el presidente no solo avaló la actuación policial, sino que también criminalizó de forma generalizada a los manifestantes, descalificando a aquellos que se manifestaron de manera pacífica. Esta postura no solo resulta excesiva, sino que demuestra una peligrosa falta de sensibilidad ante la legítima protesta de los jubilados, que estaban exigiendo mejores condiciones para su bienestar.
La estrategia de Milei y Bullrich es clara: reprimir cualquier tipo de disidencia y etiquetar a los que protestan como “delincuentes” y “grupos organizados”. La ministra Bullrich, quien ha sido pieza clave en la estrategia de represión, también ha sido acusada de emplear un dispositivo de seguridad que derivó en una brutal agresión hacia los manifestantes, incluidos periodistas y jubilados. Al justificar la violencia como respuesta a las manifestaciones, Bullrich y Milei envían un mensaje peligroso: que el derecho a la protesta en una democracia es un lujo, no un derecho garantizado.
Lo que más preocupa de las declaraciones de Milei es su visión polarizada y simplista, donde no hay espacio para el diálogo ni el reconocimiento de las demandas sociales legítimas. Al calificar de “buenos” a quienes disparan balas de goma y arrojan gases lacrimógenos contra personas indefensas, y de “malos” a quienes se oponen a su gestión, el presidente no solo descalifica a una parte significativa de la sociedad, sino que también socava los principios democráticos que deberían estar en el centro de su gobierno.
En lugar de abrir un espacio para la reflexión sobre los excesos en el uso de la fuerza pública, Milei opta por criminalizar a la protesta y deshumanizar a los manifestantes. Esta postura no hace más que perpetuar un clima de inseguridad y tensión social, en el que el poder se muestra indiferente a las demandas populares y se antepone a la necesidad de buscar soluciones pacíficas y constructivas.
Este tipo de retórica y políticas no solo están llevando al país por un camino de represión, sino que también están socavando los cimientos de la democracia. Los discursos divisivos y el respaldo a la violencia institucional envían un mensaje claro: la protesta social es vista como un enemigo, y el derecho de los ciudadanos a exigir sus derechos está en peligro.
El respaldo de Milei y Bullrich a la violencia no es solo un error político, sino una amenaza directa a los valores democráticos y a la libertad de expresión.
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