La ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La denuncia se refiere a los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado.
La denuncia, radicada en el fuero federal, alega irregularidades cometidas por la jueza en relación con la liberación de detenidos tras los hechos ocurridos durante la violenta represión en la marcha del 12 de marzo, en las cercanías del Congreso de la Nación. Según la presentación, la jueza Andrade habría ordenado la liberación de 114 detenidos sin analizar adecuadamente las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales establecidos. El texto también señala que Andrade intervino de manera arbitraria en un procedimiento de flagrancia, que es competencia exclusiva del Ministerio Público Fiscal, y que tomó la decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios.
Bullrich sostiene que entre los detenidos liberados se encontraban personas con antecedentes por delitos graves como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. Además, la denuncia indica que la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial de su decisión y sin dar intervención formal a la Fiscalía.
Esta denuncia se suma a otra presentada recientemente por el Ministerio de Seguridad, en la que se acusó a varias personas, incluidos el exlíder montonero Mario Firmenich y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, de ser responsables de los disturbios ocurridos en la marcha, señalando un posible intento desestabilizador de los hechos.
La respuesta de la jueza Andrade
La jueza Karina Andrade desmintió las acusaciones de Bullrich y afirmó que no había recibido información sobre la presencia de barrabravas entre los detenidos. También expresó que algunas detenciones no fueron informadas adecuadamente y no cumplieron con los requisitos mínimos establecidos.
Andrade aclaró que las investigaciones aún están en curso y que no ha tomado ninguna decisión final sobre el caso. “El Ministerio Público Fiscal sigue las investigaciones y soy la jueza de la causa, por lo que no puedo pronunciarme personalmente”, señaló. Además, indicó que no anuló las detenciones y explicó que su actuación estuvo basada en un criterio jurídico ajustado a la Constitución, asegurando que su decisión no fue arbitraria ni espontánea.
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