Jaldo propone el fin del Pacto Fiscal

En su discurso inaugural ante la Legislatura de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo adelantó su intención de eliminar el Acuerdo Fiscal Municipal, conocido como “Pacto Social” o “Pacto Fiscal”. El objetivo detrás de esta decisión es permitir que los municipios tengan mayor control sobre sus recursos y puedan gestionarlos de manera autónoma. Esta propuesta, que apunta a una reconfiguración de la relación entre la provincia y los gobiernos locales, ha generado un amplio debate político y social.

El Pacto Fiscal, vigente durante los últimos 25 años, fue firmado en el año 2000 durante la gestión de Julio Miranda, con José Alperovich como ministro de Economía. Su principal función era permitir que los municipios cedieran el 100% de sus fondos coparticipables tanto nacionales como provinciales, además de otros fondos, como el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). A cambio, la provincia asumía el compromiso de garantizar el pago de salarios, aguinaldos, servicios públicos esenciales y ciertas obras de infraestructura. La Ley 8.829 establece el Convenio Consensuado de Fondos Unificados, que regula este pacto. Sin embargo, para muchos, el acuerdo limita la autonomía de los municipios, que dependen de los recursos provinciales y no pueden gestionar de manera independiente sus finanzas.

La idea de Jaldo es permitir que cada municipio administre sus propios recursos. Durante su discurso, el gobernador expresó que su objetivo es que los intendentes puedan gestionar sus fondos sin la intervención provincial, al menos en la magnitud actual. “Nuestra meta es trabajar con los intendentes para que cada uno de ellos pueda administrar con recursos propios. Es decir, ir saliendo del Pacto o del Acuerdo Fiscal, y de este modo tener una autonomía plena, siempre con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Tucumán, en el caso de resultar necesario”, explicó Jaldo. Este anuncio podría modificar profundamente la relación de poder entre la provincia y los municipios, que actualmente depende de la distribución centralizada de los recursos. Sin embargo, existen desafíos legales y políticos para avanzar en este camino.

En 2024, once municipios firmaron el Acuerdo Fiscal, entre ellos Aguilares, Alberdi, Alderetes, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Lules, Monteros, Tafí del Valle, Yerba Buena y Tafí Viejo (que se retiró en 2025). Además, algunos municipios como Concepción decidieron abandonar el pacto en 2024. A pesar de esta tendencia, la salida del sistema no es sencilla. Intendentes y concejales opositores afirman que, para lograr la autonomía financiera, se deben modificar varias leyes fundamentales, como la Ley de Coparticipación (6.316), la Ley Orgánica de las Municipalidades (5.529) y la Ley de Categorización de los Municipios (5.530). Actualmente, existen proyectos de reforma en la Legislatura, pero ninguno ha sido tratado formalmente.

La discusión sobre el Pacto Fiscal cobró mayor relevancia en septiembre de 2023, cuando varios intendentes de la oposición, especialmente de la UCR, criticaron la asignación de fondos, acusando al gobierno provincial de discriminar a algunos municipios en la distribución de recursos no reintegrables. La controversia alcanzó su punto máximo cuando se reveló que Banda del Río Salí había recibido el doble de fondos que Tafí Viejo y Yerba Buena, a pesar de que estos últimos tienen una población mayor, según el Censo 2022. Desde el Ejecutivo provincial, se explicó que los fondos se distribuyen según el número de empleados municipales en blanco. Así, Banda del Río Salí cuenta con 1.800 empleados, mientras que Tafí Viejo y Yerba Buena tienen 600 y 950 empleados, respectivamente. Sin embargo, este sistema de distribución sigue siendo un tema sensible para muchos intendentes.

En agosto de 2024, Jaldo dejó abierta la posibilidad de modificar la Ley de Coparticipación, señalando que “todo es conversable y discutible” en el marco de una serie de cambios políticos y electorales que podrían afectar la estructura administrativa de la provincia. Si bien la reforma podría abrir una nueva etapa para los municipios, también dependerá de la renegociación de las deudas de algunos municipios con la provincia. El debate sobre la autonomía municipal está en pleno desarrollo, y las decisiones que tome el gobierno provincial en los próximos meses podrían redefinir las competencias y las responsabilidades de los gobiernos locales. Mientras tanto, los intendentes, tanto aliados como opositores, siguen de cerca el avance de estas reformas que podrían modificar el equilibrio político y administrativo en Tucumán.