El Gobierno continúa defendiendo su versión de los hechos ocurridos durante la manifestación de jubilados del miércoles pasado, que fue duramente reprimida por la policía. Según el relato oficial, la protesta no fue un acto legítimo de los trabajadores, sino un intento de golpe de Estado, como lo había declarado previamente el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En esa línea, el Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la dirección de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal con el objetivo de justificar la violenta represión que tuvo lugar durante la manifestación, que involucró a jubilados y a hinchas de fútbol. La denuncia fue presentada por el abogado Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, por orden de Bullrich.
El escrito fue asignado al Juzgado Federal N° 11, subrogado por Sebastián Casanello, y sostiene que la marcha fue organizada por "grupos de agitadores" y que los disturbios fueron orquestados por "barras bravas" y otros actores vinculados al gremialismo y la política. Además, la denuncia menciona a figuras como el exlíder montonero Mario Firmenich, quien habría divulgado un video relacionado con la manifestación, y a los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente.
La denuncia sostiene que, según los medios de comunicación, grupos organizados de "profesionales de la violencia" fueron contratados con un pago de $50,000 para "provocar disturbios" enfrentando a la policía. Estos grupos, de acuerdo con el texto, no solo estarían compuestos por barras bravas, sino también por activistas políticos y sindicalistas.
"Los grupos movilizados, que nada tenían que ver con una convocatoria de jubilados, comenzaron a agredir a las Fuerzas de Seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y de fuego", dice el documento. Sin embargo, esta versión oficial contradice el testimonio de los manifestantes, quienes, según informes, fueron reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos y golpes con bastones mientras apenas llegaban a las inmediaciones del Congreso Nacional.
Asimismo, la denuncia también incluye detalles sobre el supuesto vandalismo durante la protesta, señalando que los manifestantes incendiaron objetos de la vía pública, un ciclomotor y un patrullero. Sin embargo, existen serias dudas sobre la veracidad de estos actos, ya que hay indicios de que algunos vehículos fueron incendiados por agentes infiltrados, como ha ocurrido en otras manifestaciones.
En cuanto a los heridos, la denuncia incluye la versión oficial sobre el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, quien permanece en estado grave en el Hospital Ramos Mejía tras ser alcanzado por un proyectil de gas lacrimógeno. Bullrich había declarado previamente que Grillo era "kirchnerista" y trabajaba en la Municipalidad de Lanús, y que su presencia en la marcha estaba vinculada a los supuestos disturbios, lo que fue desmentido por diversas fuentes.
También se menciona a una mujer jubilada que, según el texto oficial, habría agredido a un policía con un palo antes de caer al suelo y ser trasladada al hospital. No obstante, esta versión contrasta con los testimonios de la mujer, quien fue dada de alta rápidamente tras el incidente.
La denuncia del Ministerio de Seguridad también incluye críticas hacia la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de la mayoría de los detenidos por no haberse cumplido los procedimientos previstos en los casos de flagrancia. El texto del Ministerio señala que se está evaluando presentar una denuncia por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público, y también solicita que el caso pase a la Justicia Federal.
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