En la noche del lunes, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue blanco de una amenaza telefónica vinculada al narcotráfico. No fue el único objetivo de esta intimidación: también recibieron amenazas a través de WhatsApp el juez Gonzalo Ortega y los fiscales Carlos Sale, Ignacio López Bustos y Pedro Gallo, quienes conforman un importante sector de la justicia tucumana. La amenaza fue parte de una serie de intimidaciones que generaron alarma en la provincia.
Ante la gravedad de los hechos, la policía de Tucumán desplegó una serie de operativos durante la madrugada del martes, que resultaron en 97 detenciones. Estos operativos fueron coordinados por el ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa, y el jefe de Policía, Joaquín Girvau. Las autoridades se han comprometido a llevar adelante una investigación exhaustiva para identificar a todos los responsables detrás de estas amenazas.
Uno de los detalles más importantes que se conocieron es que las amenazas fueron enviadas desde el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, apuntó a Miguelón Figueroa, un recluso condenado a prisión perpetua, como el principal sospechoso de estar detrás de las intimidaciones. Según Girvau, el audio que contenía las amenazas contra Jaldo y los funcionarios judiciales habría sido enviado desde ese penal de máxima seguridad, lo que pone en evidencia la capacidad del narcotráfico para operar desde las cárceles.
El jefe de Policía explicó que las amenazas fueron enviadas a través de un audio en WhatsApp y afirmó que las autoridades llegarían “hasta las últimas consecuencias” para identificar a todos los involucrados. "La Policía de Tucumán no va a permitir que pasen este tipo de cosas", sostuvo Girvau, subrayando que las intimidaciones tienen un origen relacionado con la lucha provincial contra el narcotráfico.
El jefe policial también destacó que la escalada de amenazas es el resultado de las políticas provinciales implementadas en la lucha contra el narcotráfico. Según Girvau, las medidas para frenar el narcomenudeo han afectado los intereses de los narcotraficantes, lo que habría generado la reacción violenta de estos grupos criminales.
La situación ha causado gran preocupación en la provincia, ya que las amenazas no solo ponen en riesgo la integridad de los funcionarios, sino que también reflejan la creciente violencia asociada al narcotráfico en la región. Las autoridades han reiterado su compromiso de seguir luchando contra el narcotráfico, a pesar de los riesgos y amenazas a las que se enfrentan.
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