La denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades en las cuentas municipales de Salta, Catamarca y Tucumán, relacionada con el supuesto desvío de fondos públicos para fines políticos, sigue sumando controversias y se traslada al ámbito del Congreso Nacional. La revelación de esta información ha generado intensos intercambios de acusaciones y posturas encontradas entre los distintos actores políticos.
La diputada nacional Paula Omodeo (CREO) presentó ayer un pedido de informe en la Cámara de Diputados, en el que solicita acceso a la información pública para esclarecer el alcance de la denuncia de la UIF. Según Omodeo, la UIF detectó "extracciones millonarias en efectivo desde cuentas municipales sin justificación económica". La diputada busca que el Gobierno Nacional confirme la existencia del informe, detalle los municipios involucrados, aclare el origen y destino de los fondos, y establezca si los gobiernos provinciales tienen alguna responsabilidad en los hechos. Además, pidió que se remita una copia de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Por su parte, el expresidente del radicalismo tucumano Roberto Sánchez se pronunció fuertemente al respecto y cuestionó al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por intentar desviar la atención sobre la investigación. “El problema no es la oposición, ni las elecciones. Lo que deben explicar es por qué sacaron millones de pesos de cuentas públicas sin justificación, justo antes de las elecciones”, manifestó Sánchez. El exintendente de Concepción recordó que operaciones similares ya fueron denunciadas en el pasado. “Cuando asumí la intendencia en 2015, denuncié penalmente a mi antecesor y sus funcionarios por una operación muy parecida. El exintendente Osvaldo Morelli terminó imputado por ese hecho”, precisó, agregando que espera que la investigación actual llegue a fondo.
Sánchez también exigió que se le dé transparencia al proceso y criticó la postura de las autoridades provinciales por intentar “tapar todo”. Aseguró que, aunque afirman tener documentación para demostrar que no hay irregularidades, “no se animan a presentarse ante los organismos nacionales o la Justicia para dar su versión”.
Desde el oficialismo, la diputada jaldista Gladys Medina salió al cruce de Omodeo, acusándola de dedicarse a la "denuncia fácil" y de generar un "circo mediático" para ganar protagonismo en un año electoral. “En política hay dos formas de actuar: trabajar en el territorio gestionando soluciones concretas o dedicarse al circo mediático para buscar visibilidad. Lamentablemente, la diputada Omodeo ha elegido el segundo camino, con falsas acusaciones para conseguir un lugar en la boleta de La Libertad Avanza”, señaló Medina en un comunicado a través de sus redes sociales.
Medina también defendió al oficialismo provincial, reiterando que en el marco de la denuncia de la UIF "no hay ninguna causa judicial ni imputados". Aseguró que las cuentas municipales están "en regla" y auditadas por sus órganos de control, y afirmó que "no hay irregularidades que justifiquen semejante ataque mediático".
Legisladores opositores piden crear una comisión investigadora
En respuesta a la creciente preocupación por el uso de fondos públicos, la legisladora Silvia Elías de Pérez, junto a sus compañeros José Seleme y Agustín Romano Norri, presentó un proyecto de resolución para la creación de una comisión investigadora sobre el presunto desfalco de fondos públicos en la Municipalidad de Banda del Río Salí, administrada por Gonzalo Monteros. "La transparencia y la rendición de cuentas no son solo principios abstractos, sino el corazón de cualquier democracia saludable. Cada peso mal utilizado es un golpe a la confianza en las instituciones", sostuvo Elías de Pérez al presentar el proyecto. /La Gaceta
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