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Una polémica resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha provocado un enérgico rechazo tras hacerse pública la utilización de términos discriminatorios.
“Débil mental”, “idiota” e “imbécil” fueron algunas de las desafortunadas expresiones citadas en la Resolución 187/2025, publicada en enero en el Boletín Oficial, para referirse a personas con discapacidad.
La comunicación oficial abordaba una normativa para la evaluación médica de invalidez en el acceso a las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Sin embargo, la intención de la medida quedó opacada por la controversia generada por la dureza de los términos utilizados.
Ante el repudio generalizado, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió un comunicado en el que reconoció el “error” de utilizar una terminología inapropiada.
En la aclaración, el organismo destacó que “la publicación de los términos no tuvo intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”.
La controversia se desató rápidamente en las redes sociales tras la divulgación del documento oficial. La polémica surgió a raíz de la Resolución 187/2025, que definía las revisiones y distribución de las pensiones no contributivas a personas con invalidez. El texto fue publicado el 16 de enero en el Boletín Oficial, pero el propio Gobierno reconoció que se trató de un error al haberse difundido un documento considerado obsoleto.
El error admitido por el Gobierno
“Desde la ANDIS queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”, explicaron en un comunicado oficial. Además, informaron que “el 16 de enero del corriente año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó en el Boletín Oficial la Resolución 187/2025. Dicha normativa incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.
La llamativa clasificación
En el anexo de dicho documento, dentro del subtítulo “retardados mentales”, el organismo, a cargo de Diego Spagnuolo, clasificaba a las personas con discapacidad como “imbécil”, “idiota” o “débil mental” en función de su coeficiente intelectual.
Según el documento, se establece la siguiente clasificación:
- 0-30 (idiota): No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
- 30-50 (imbécil): No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
- 50-60 (débil mental profundo): Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
- 60-70 (débil mental moderado): Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
- 70-90 (débil mental leve): Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercano al normal.
El uso de estos términos ha provocado un fuerte repudio desde diversos sectores de la sociedad.
Reacciones
Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad, afirmó que estas expresiones “refuerzan la discriminación” que históricamente han sufrido las personas con discapacidad. Además, subrayó que son términos obsoletos y peyorativos que constituyen una violación directa de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de estos términos como “un acto de violencia institucional sin precedentes”. También afirmó que se trata de un acto discriminatorio que “muestra un profundo desconocimiento de las personas con discapacidad” y de la normativa vigente en Argentina sobre cómo referirse a ellas.
Contexto internacional
Es cierto que según la bibliografía internacional sobre el tema, esa escala podía incluir una u otra terminología, dependiendo de si se refería al famoso Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM, por su sigla en inglés, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría) o al CIE-11, la última edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los expertos consultados por el diario Clarín coincidieron en que hace mucho tiempo que nadie emplea expresiones como las mencionadas.
Acuerdo internacional
Cabe destacar que hace más de dos décadas que no se utilizan estos términos, los cuales se oponen a lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Incluso, en un documento de 1997, se subrayó que la discapacidad no impide trabajar, pero que las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras, y en ese contexto, las asignaciones son necesarias.
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