El Alambrado de Aguas Blancas: Una solución insuficiente y mediática ante una realidad compleja y profunda

La reciente visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la frontera de Aguas Blancas, en Salta, marcó el inicio de un controvertido proyecto destinado a combatir el contrabando y el narcotráfico. La obra, que consistirá en la instalación de un alambrado de apenas 200 metros, tiene como objetivo principal “ordenar” el cruce de personas y mercaderías entre Argentina y Bolivia, una zona históricamente marcada por el tráfico informal y los problemas extremos laborales. Sin embargo, esta medida, que cuenta con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz, ha generado dudas sobre su efectividad frente a la complejidad de la situación fronteriza.

La ministra Bullrich destacó la necesidad de instalar el cerco para “ordenar” la entrada en la región y garantizar que las personas crucen por el paso legal. No obstante, la medida ha sido recibida con escepticismo, ya que la frontera entre ambos países se extiende por más de 400 kilómetros, lo que plantea serias dificultades para el control total del tráfico informal. El alambrado solo abarcará una pequeña porción de la zona, desde la oficina de Migraciones hasta la estación de colectivos de Aguas Blancas, lo que deja fuera la vasta mayoría de puntos vulnerables que facilitan el paso de mercaderías informales.

Este cerco físico, que ha sido proyectado con una inversión de $36 millones, forma parte de un conjunto de medidas de seguridad que incluyen el refuerzo de las fuerzas federales (Policía, Gendarmería y Prefectura) en la zona, así como la instalación de equipamiento adicional, como un scanner y una nueva playa de estacionamiento. Si bien estas acciones buscan reforzar el control de la frontera, la realidad de Aguas Blancas, y especialmente el fenómeno del bagayeo, va mucho más allá de lo que un alambrado puede resolver.

El trabajo informal y riesgoso del bagayeo, ha sido una respuesta ante la falta de empleos formales en la región. Este trabajo implica el paso de mercaderías que superan los límites de compra permitidos por los controles aduaneros, a través de ríos y caminos alternativos, muchas veces arriesgando la vida. A pesar de ser una actividad no formal, el bagayeo se ha convertido en una alternativa económica frente a la escasez de empleos formales en una zona históricamente golpeada por políticas neoliberales y privatizaciones que afectaron la economía local.

El tráfico de hojas de coca, que también juega un papel crucial en esta frontera, presenta otra paradoja. Mientras que el coqueo (masticación de la hoja) es legal en Bolivia, su transporte y comercialización en Argentina son ilegales, lo que genera un vacío legal y cultural que se traduce en prácticas clandestinas de contrabando. La situación se ve aún más compleja cuando se considera que el consumo de coca está profundamente arraigado en las tradiciones andinas, lo que hace difícil el control efectivo de su paso a través de la frontera.

La ministra Bullrich exagera al decir que busca “ordenar” la situación en Aguas Blancas, el alambrado no aborda las causas estructurales que originan la informalidad y el contrabando en la región. Las políticas de seguridad, aunque necesarias, deben ir acompañadas de un enfoque integral que considere las condiciones socioeconómicas de los habitantes de la frontera. La pobreza, la falta de empleo digno y las limitadas alternativas laborales son las principales razones por las cuales muchas personas recurren al bagayeo y otras actividades informales como medio de subsistencia.

En este sentido, el proyecto del alambrado se presenta como una solución parcial e insuficiente ante una realidad mucho más compleja. Si bien el refuerzo de la seguridad en la frontera puede tener efectos inmediatos en la reducción del contrabando, no resuelve la necesidad urgente de generar empleos formales y dignos para las personas de Aguas Blancas y otras localidades vulnerables. Sin un cambio en las condiciones laborales y sociales de la región, las medidas de control, por más estrictas que sean, solo ofrecerán soluciones temporales y no resolverán el problema de fondo.

Por lo tanto, para que las políticas de seguridad sean verdaderamente efectivas, deben ir acompañadas de un enfoque integral que aborde las desigualdades estructurales y las necesidades económicas de los habitantes de estas zonas fronterizas. Solo así será posible reducir la dependencia de actividades informales y, en última instancia, generar condiciones más justas y seguras para todos.