El Gobierno de Javier Milei ha implementado nuevas restricciones al ingreso de personal al sector público, un paso más en su plan de ajuste fiscal que ya ha derivado en la desvinculación de más de 36.000 empleados estatales en 2024. A través de los decretos 1148/24 y 1149/24, publicados en el Boletín Oficial el 31 de diciembre, el Ejecutivo ha decidido reforzar sus políticas de austeridad, introduciendo una serie de restricciones que no solo afectan las contrataciones futuras, sino que también establecen nuevos requisitos de idoneidad, como un examen de conocimientos para los aspirantes a ingresar al Estado.
Estas medidas se suman a las políticas de reducción de personal implementadas en el último año, que han sido parte de la promesa electoral de La Libertad Avanza (LLA) de reducir el tamaño del Estado. En palabras del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la meta es lograr un servicio público más eficiente y capacitado, al tiempo que se sigue recortando el gasto. Entre enero y noviembre de 2024, se registraron cerca de 36.000 desvinculaciones en el sector público, un número que, según el Gobierno, refleja el "aliciente fiscal" de su estrategia.
El Decreto 1149/24, que entrará en vigor en marzo de 2025, establece que los aspirantes a cargos públicos deberán aprobar una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, lo que, según las autoridades, garantizará que solo las personas más capacitadas ingresen al sector. Además, el Decreto 1148/24 establece que cualquier alta en el sector deberá ser compensada por la baja de tres empleados, con lo que se busca equilibrar las cuentas del Estado. Asimismo, las contrataciones de 2025 no podrán extenderse más allá de junio, salvo algunas excepciones específicas.
Un plan de ajuste que deja dudas sobre la calidad del servicio
Si bien el Gobierno asegura que estas medidas son necesarias para optimizar los recursos y garantizar la calidad en los servicios públicos, algunos observadores y sindicatos han mostrado su preocupación por las consecuencias de un enfoque tan rígido. Las restricciones al ingreso de personal, aunque presentadas como una herramienta para garantizar la idoneidad, podrían estar limitando las oportunidades de acceso al empleo público, sin ofrecer alternativas claras para quienes dependen de este tipo de empleo para su estabilidad económica.
El ministro Sturzenegger ha defendido las políticas de ajuste como una forma de hacer más eficiente al sector público, algo que en teoría podría tener beneficios a largo plazo. Sin embargo, algunos expertos coinciden en que un recorte tan drástico en el empleo público podría tener efectos negativos sobre la calidad de los servicios esenciales que brinda el Estado, especialmente en áreas sensibles como la salud, la educación y la seguridad social.
La medida de exigir una evaluación de idoneidad a los nuevos empleados podría ser vista como positiva, pero su aplicación a gran escala también plantea interrogantes sobre la transparencia y la equidad del proceso. En un contexto donde ya se cuestiona la discrecionalidad en las contrataciones del sector público, no está claro si este examen garantizará un ingreso basado exclusivamente en el mérito, o si terminará por ser una herramienta más de control político.
Reacciones sindicales: críticas al modelo de contrataciones
Como era de esperar, las reacciones de los sindicatos han sido inmediatas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha manifestado su desacuerdo con la medida, señalando que las nuevas restricciones representan solo un "avance parcial". Según el sindicato, la falta de estabilidad laboral sigue siendo uno de los problemas más graves del empleo público, y las medidas del Gobierno no hacen más que perpetuar la precarización de los trabajadores.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, ha exigido al Gobierno que incorpore a planta permanente a los más de 57.000 trabajadores contratados bajo modalidades temporales, quienes no tienen la garantía de estabilidad laboral. Además, Aguiar criticó el Decreto 1148/24, que condiciona las nuevas incorporaciones a la validación por parte del Ministerio de Desregulación. Para él, esta medida mantiene la discrecionalidad política sobre las contrataciones, dejando abierta la puerta para que los funcionarios del Gobierno sigan tomando decisiones de manera arbitraria, y no en base a criterios objetivos de idoneidad.
La crítica al Decreto 1148/24 es compartida por otros sindicatos, como el de los trabajadores viales, cuyos representantes han señalado que las medidas de ajuste deberían aplicarse también a los funcionarios de LLA. Según Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, muchos de los funcionarios del Gobierno carecen de la preparación necesaria para comprender la importancia de un Estado eficiente y funcional. Para los sindicatos, el problema no radica solo en la cantidad de empleados públicos, sino en la falta de inversión y capacitación en los recursos humanos del Estado, lo que impacta directamente en la calidad de los servicios que se brindan a la población.
Un ajuste que no garantiza estabilidad ni calidad
En medio de este debate, ATE también ha cuestionado la falta de un concurso público abierto como mecanismo para acceder a cargos en el sector público. Según Aguiar, el Gobierno tuvo la oportunidad de establecer un sistema más transparente y meritocrático, pero optó por mantener el sistema de contratación actual, que a su juicio no garantiza la idoneidad de los nuevos empleados y sigue siendo vulnerable a la intervención política. "El Ejecutivo no se animó a dar el paso hacia una verdadera democratización del empleo público", expresó Aguiar, quien destacó que la contratación de trabajadores debería basarse en la competencia y no en decisiones discrecionales de los funcionarios.
El sindicato también destacó que las medidas adoptadas no resuelven el problema de fondo: la precarización del empleo público. Para ATE, la estabilidad laboral es un derecho constitucional que debe ser garantizado a todos los trabajadores del Estado. De lo contrario, advirtieron, el Gobierno no podrá ofrecer un servicio público de calidad, especialmente en un contexto donde las capas más vulnerables de la sociedad dependen en gran medida de los servicios brindados por el Estado.
El dilema del ajuste fiscal y sus consecuencias
El ajuste fiscal llevado a cabo por el Gobierno de Milei ha sido justificado como una necesidad para reducir el déficit y optimizar los recursos del Estado. No obstante, las medidas tomadas hasta ahora parecen ir en detrimento de la calidad de los servicios públicos y la estabilidad de los trabajadores estatales. Aunque es comprensible que se busque hacer más eficiente la gestión del Estado, es difícil no cuestionar si este modelo de ajuste, basado en despidos masivos y restricciones en las contrataciones, realmente logrará los resultados esperados.
Si el objetivo es lograr una administración pública más eficiente y capacitada, las medidas adoptadas hasta ahora no parecen garantizarlo. Más allá de las reformas propuestas, lo que se pone en juego es el modelo de Estado que se desea construir: un Estado que, bajo el paraguas de la austeridad, podría terminar por despojar a miles de trabajadores de su estabilidad y derechos, sin ofrecer una verdadera alternativa que asegure una mejora en los servicios que la ciudadanía más necesita.
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