El Gobierno acelera el ajuste fiscal. ¡Un 30% más!

El gobierno de Javier Milei está acelerando su proceso de ajuste fiscal, con la intención de reducir en un 30% el tamaño del Estado en los próximos dos meses. Esta nueva fase del ajuste llega después de la reducción temporal de las retenciones al campo anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, una medida que, aunque respondía a la presión del sector, tiene un costo fiscal significativo de unos 800 millones de dólares. Mientras tanto, la administración de Milei se prepara para continuar con su plan de recorte, que afecta tanto a estructuras gubernamentales como al personal del Estado.

Entre las acciones más destacadas de este ajuste se encuentra la eliminación de organismos como la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la reducción de las estructuras de los organismos descentralizados, que incluyen más de un centenar de entidades públicas. Este proceso se extenderá a la reducción de personal en ministerios, empresas públicas y otros entes estatales, lo que ha generado inquietud entre los trabajadores del sector. A varios ministerios ya se les ha sugerido un ajuste del 30% en sus plantillas, un número que, aunque no es definitivo, refleja la tendencia de recorte que se ha instalado en el Ejecutivo desde el año pasado.

Fuentes oficiales han señalado que, aunque no se han fijado metas rígidas, la estrategia es continuar con la dinámica observada en 2024, con la eliminación o fusión de secretarías y subsecretarías. Este ajuste también incluye la eliminación de funciones consideradas “duplicadas u obsoletas”, como el cierre de la empresa COVIARA, que depende del Ministerio de Defensa. Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sufrirá una reducción del 38%, lo que podría traducirse en miles de despidos derivados de jubilaciones y retiros voluntarios.

El Gobierno parece querer acelerar estos ajustes antes de que comience la discusión política de cara a las elecciones legislativas de octubre. Consciente de que la contienda electoral podría convertirse en un plebiscito sobre su gestión, los asesores de Milei buscan evitar que la campaña se vea empañada por conflictos sociales o protestas gremiales en respuesta a los despidos masivos en el sector público.

Desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Sturzenegger, se asegura que la revisión de la estructura estatal está orientada a definir qué áreas son “estratégicas” y cuáles pueden ser eliminadas. Sin embargo, este enfoque genera interrogantes sobre qué tipo de funciones el gobierno considera realmente “necesarias” para la gestión pública, en especial cuando se pone en duda la necesidad de que el Estado asuma responsabilidades como la construcción de viviendas, un tema central en muchas áreas del país.

El Ministerio de Capital Humano, que agrupa los exministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Educación, ha sido otro de los focos de recorte. Con un personal que representa más del 30% de la administración central, este ministerio ya experimentó una de las reducciones más profundas en 2024. Aunque en diciembre los recortes se detuvieron temporalmente, se espera que continúen en los próximos meses, con la posibilidad de reducir hasta 2.000 contratos en áreas sociales. Este tipo de ajuste ha generado un gran malestar, ya que implica no solo la reducción de personal, sino también la eliminación de programas que, según muchos, resultan fundamentales para las poblaciones más vulnerables.

Es cierto que el gobierno justifica estos recortes como parte de su propuesta de un “gobierno más eficiente”, con el argumento de que existen duplicaciones y gastos innecesarios. Sin embargo, la realidad de estos ajustes refleja una contradicción difícil de ignorar: mientras se recortan organismos y personal, la administración sigue otorgando grandes subsidios a sectores privados y manteniendo estructuras de poder político que, en muchos casos, también parecen redundantes. Es necesario preguntarse si la “motosierra” aplicada al sector público realmente responde a una lógica de eficiencia o si, más bien, busca recortar aquellos servicios que afectan a la parte más vulnerable de la sociedad, mientras se preservan otros intereses.

Por otro lado, la información sobre posibles desacuerdos internos entre los funcionarios sobre los números del ajuste ha sido desmentida por el Gobierno, que atribuye estos rumores a una estrategia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para generar alarma. Sin embargo, estos “ajustes” no pueden ser vistos en un vacío; las consecuencias de la reducción de personal se traducen, en muchos casos, en el debilitamiento de políticas públicas clave para los sectores más desprotegidos, lo que genera una pregunta difícil de responder: ¿quiénes pagarán el precio real de estos recortes?

A medida que el gobierno se aproxima a las elecciones legislativas, la incógnita permanece: ¿está el Estado dispuesto a poner en juego el bienestar de sus ciudadanos en favor de un ajuste que no parece estar acompañando de una reflexión profunda sobre las prioridades sociales? Sin duda, este ajuste de “motosierra” deja más preguntas que respuestas, mientras la “dotación óptima” sigue siendo un concepto tan ambiguo como las decisiones que lo acompañan.