El gobierno de Javier Milei despidió a más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que pone en riesgo la continuidad de este organismo encargado de proteger los derechos de las audiencias. La intervención de la institución, a cargo de Soher El Sukaria, fue celebrada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien elogió la medida.
Marcos Ocampo, delegado de los trabajadores de la Defensoría y miembro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), calificó el ataque como parte de una estrategia más amplia del gobierno contra organismos protectores de derechos. En declaraciones a Informativo FARCO, Ocampo señaló que el gobierno está llevando a cabo un plan de desmantelamiento de la Defensoría: “Están cumpliendo lo que realmente venían a hacer. Esta mujer (la interventora) dijo que venía a hacer una auditoría y elaborar un informe. No sacaron ningún informe, comenzaron a vender el mobiliario de la Defensoría y a producir bajas de los puestos de trabajo, que en este momento somos 50”, indicó.
Ocampo alertó que los despidos han dejado a la Defensoría "casi sobre la línea de flotación", y advirtió que el organismo está en peligro de ser cerrado. “Ellos dicen abiertamente que la quieren desmantelar”, afirmó, y pidió una reacción frente a lo que considera un avance del gobierno sobre áreas clave que protegen los derechos de los ciudadanos. "Nosotros la estamos teniendo. En general los trabajadores estamos resistiendo en todos los espacios de trabajo", agregó.
El delegado de ATE también desmintió las declaraciones de Sturzenegger, quien había asegurado que la Defensoría perseguía a quienes se oponían al kirchnerismo. Ocampo defendió la labor del organismo, aclarando que la Defensoría no es un ente gubernamental y que su función principal es representar a las audiencias. “La Defensoría representa a las audiencias y lo hace a través de audiencias públicas, recibir reclamos, denuncias y observaciones por parte de la ciudadanía, que luego se traducían en estrategias de incidencia para ampliar la pluralidad y robustecer el derecho a la comunicación”, explicó.
Además, Ocampo puntualizó que la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, por lo que no persigue ni amenaza a nadie. “Lejos de lo que dicen ellos, la Defensoría no puede hacer nada más que realizar recomendaciones respecto al estándar mínimo de respeto a los derechos humanos. Esto suena abstracto, pero hay que tener muy en claro que son cuestiones concretas, como el respeto al horario para todo público o evitar la transmisión de imágenes de niños sin consentimiento", remarcó.
La situación de la Defensoría del Público se perfila como un nuevo frente de conflicto entre el gobierno y organismos de defensa de los derechos ciudadanos, lo que intensifica las preocupaciones sobre el futuro de estas instituciones clave para la protección de los derechos de las audiencias en Argentina.
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