Uno de los argumentos centrales esgrimidos por el gobierno para justificar la disolución del INADI es la necesidad de "ordenar y equilibrar las cuentas públicas". Sin embargo, un análisis más detallado de este argumento revela una serie de inconsistencias e imprecisiones.
En primer lugar, es importante cuestionar la afirmación de que el INADI sea un gasto excesivo para el Estado. Si bien es cierto que el organismo contaba con una estructura descentralizada y una plantilla de empleados, sus costos representaban una fracción ínfima del presupuesto nacional. Además, es necesario considerar el retorno de la inversión que generaba el INADI a través de la prevención de conflictos, la promoción de la igualdad y la protección de los derechos humanos.
En segundo lugar, las acusaciones de "graves irregularidades" y "ineficiencia" carecen de sustento empírico. La auditoría mencionada en el decreto no ha sido publicada y, por lo tanto, es imposible verificar la veracidad de sus conclusiones. Además, el INADI contaba con mecanismos de control interno y externo que garantizaban la transparencia en la gestión de sus recursos.
Es fundamental destacar que la lucha contra la discriminación no es un gasto, sino una inversión en el desarrollo social y económico de un país. Estudios internacionales han demostrado que sociedades más igualitarias y justas son más prósperas y resilientes. Al eliminar al INADI, el gobierno está renunciando a una herramienta fundamental para construir una sociedad más equitativa.
Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre.
— Manuel Adorni (@madorni) August 6, 2024
Fin.
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